En julio de 2025, México aprobó reformas importantes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también llamada Ley Antilavado. Estas modificaciones tienen consecuencias significativas para desarrolladores, notarios, inversionistas y todos los involucrados en el mercado inmobiliario.
Nuevas actividades vulnerables: desarrollos inmobiliarios bajo vigilancia
Con la reforma, el desarrollo inmobiliario —es decir, la construcción de viviendas o la subdivisión de terrenos con fines de venta o renta— queda explícitamente incluido como una «actividad vulnerable». EY+2Chambers+2
Esto significa que recibir fondos para estos proyectos, como preventas o financiamiento para desarrolladores, ahora debe reportarse ante la autoridad. Law Offices of Snell & Wilmer+1
Umbrales más bajos y nuevos reportes para notarios
Los umbrales de reporte también se han ajustado usando la UMA (Unidad de Medida y Actualización). EY
- El monto para que un notario reporte una operación inmobiliaria baja de 16,000 UMA a 8,000 UMA. EY+1
- En fideicomisos (trusts), la constitución o modificación de los mismos también debe reportarse desde montos de 4,000 UMA, salvo ciertos casos específicos. Trujillo Abogados+1
- También se refuerzan las reglas para pagos en efectivo en inmobiliario: por ejemplo, las rentas con valor mensual alto no podrán pagarse en efectivo si superan ciertos umbrales. Trujillo Abogados
Identificación del beneficiario final (“beneficial owner”)
Se redefine profundamente quién es el beneficiario final: ahora hay una obligación de identificar a la persona física que tiene control real de la operación o empresa. TENA Abogados+1
El umbral para considerarlo baja de 50 % a 25 % de participación o control, lo que amplía las obligaciones para más compañías inmobiliarias. Kreston BSG.+1
Además, todas las empresas deben registrar estos datos en la plataforma de la Secretaría de Economía. Pérez Correa González
Nuevos requerimientos de cumplimiento y monitoreo
- Se exige un manual interno de cumplimiento que defina políticas de prevención, procedimientos KYC (“conoce a tu cliente”) y evaluación de riesgos. Chambers
- Las entidades deben usar sistemas automatizados para monitorear transacciones y detectar operaciones sospechosas. Chambers
- Se deben realizar auditorías periódicas (internas o externas), según el nivel de riesgo. FisherBroyles
- También se refuerza la figura del oficial de cumplimiento (“Compliance Officer”), con capacitación anual obligatoria. Pérez Correa González
Sanciones más duras
El incumplimiento no es un tema menor: se establecen multas altas, que pueden ir de 200 a 10,000 UMA, dependiendo del tipo de infracción. Pérez Correa González+1
Además, hay responsabilidad penal para quienes omitan reportes, oculten beneficiarios finales o no mantengan sus controles internos. FisherBroyles
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la SHCP tendrán mayor coordinación para supervisar estas operaciones. Pérez Correa González
¿Qué significa todo esto para el sector inmobiliario?
- Mayor transparencia: Las empresas inmobiliarias ya no pueden ocultar quién está detrás de un proyecto; los beneficiarios reales deben identificarse y registrarse.
- Más controles desde el inicio: Mucho antes de que un proyecto sea vendido, las fuentes de financiamiento deben reportarse, lo que implica que las preventas y otros esquemas están bajo escrutinio.
- Compliance como un requisito real: Desarrolladores y brokers deben fortalecer su cumplimiento interno, no solo para evitar sanciones, sino para operar de forma legítima y confiable.
- Impacto en los compradores: Las transacciones inmobiliarias medianas ya no pueden pasar desapercibidas para los reguladores. Más operaciones serán revisadas, lo que puede implicar más documentación al comprar.
- Inversión más segura: Aunque las regulaciones son más estrictas, esto también abre una oportunidad: los compradores y desarrolladores que cumplan pueden percibirse como más confiables, lo que puede fortalecer su reputación y atraer capital serio.
Recomendaciones para empresas inmobiliarias
- Revisar y actualizar sus políticas AML (anti-lavado) para alinearlas con la reforma.
- Investigar bien quiénes son los beneficiarios finales de sus proyectos y registrarlos correctamente.
- Implementar sistemas automatizados de monitoreo y clasificación de riesgo.
- Capacitar a su personal clave (notarios, desarrolladores, fiduciarios) en las nuevas obligaciones.
Conclusión
La reforma 2025 a la Ley Antilavado marca un antes y un después para el sector inmobiliario en México. Al incluir expresamente los desarrollos inmobiliarios como actividad vulnerable, bajar los umbrales de reporte y exigir la identificación del beneficiario final, el marco legal se fortalece para evitar que se utilice el mercado inmobiliario con fines ilícitos.
Para los desarrolladores, notarios e inversionistas, esto no solo es un reto: es la oportunidad de operar con mayor transparencia, construir confianza y consolidar negocios más sólidos y legales en un entorno regulatorio más estricto.